La propuesta de dejar el crudo bajo tierra en el parque nacional YASUNI a condición de que la comunidad internacional nos apoye económicamente tiene vicios o debilidades de origen en lo ético y en lo jurídico. Y no es porque la idea de conservar intocada esta área natural protegida sea mala. Al contrario, es bellísima. Lo inicuo está en que pidamos recompensas a otros para cumplir la obligación principal e intransferible que tenemos como Estado de conservar nuestro patrimonio natural y tutelar de manera eficaz la vida de nuestros hermanos los pueblos libres en aislamiento voluntario: TAGAERI, TAROMENANI, ONAMENANI y OTROS.
Este aserto no pone en cuestión la lucidez y la buena fe de personas tan queridas, como Alberto Acosta y Esperanza Martínez, que han impulsado esta iniciativa, de no explotar esta reserva natural sin condiciones, desde hace muchos años, con la mejor de las intenciones y el gran talento que les caracteriza.
Por lo tanto, en esta espera de compensación de extraños para cumplir nuestros deberes estriba precisamente el vicio ético de la propuesta.
Esta decisión preliminar de no explotar petróleo en el parque nacional YASUNI no puede ser considerada como una opción política, el colmo de noble, tomada por el gobierno más progresista de los que en el país han sido. Abstenerse de realizar actividades extractivas en las áreas naturales protegidas es una obligación jurídicamente obligatoria. No es facultativo del poder soberano del Estado sino un imperativo de país, más aún si el Ecuador se autoproclama, muy pomposamente, en el artículo 1 de la Constitución de Montecristi, un “Estado de derechos y justicia” y adhiere a cuanta declaración o convención sobre ambiente y derechos humanos aparece en el firmamento universal y regional, libremente y con enorme agilidad, novelería y entusiasmo.
Tampoco se puede dejar al arbitrio y a la discreción del Estado o al “tun tun” de la salud hepática del gobernante la tutela o la no tutela de los pueblos libres en aislamiento voluntario. Al dejar de protegerlos, damos paso a su exterminio y cometemos genocidio por omisión, al crear, con nuestra inacción premeditada, las condiciones suficientes para su holocausto. Si callamos y no advertimos; si permitimos y no hacemos nada para evitarlo, simplemente estos pueblos libres hermanos morirán a consecuencia de nuestra locura moral (concepto de la ciencia penal referido a la falta de percepción de lo que es bueno y de lo que es malo) y por una suma abigarrada de causas derivadas de la incursión estatalmente autorizada, propiciada, protegida o tolerada de extraños en sus territorios, sean madereros, petroleros, militares, policías y misioneros de iglesias o de sectas, cada grupo con sus propósitos específicos pero unidos con el objetivo común de penetrar, siendo los dos primeros forasteros, los destructores irredentos de los ecosistemas que hacen posible la vida; los militares y policías, quiénes ponen las armas letales de fuego, para proteger a los invasores de las lanzas defensivas; y los misioneros, quiénes se consideran encargados por Dios para quemar en la hoguera la cultura de estos pueblos, estigmatizada de herética y cosa de brujos,
Los instrumentos internacionales de derechos humanos, considerados de linaje supra-constitucional desde la carta política del 1998, la Constitución Política de Montecristi; la Ley de Gestión Ambiental y una nueva ley que prohíbe y reprime el etnocidio (no se por qué la Constitución y la ley omiten, como mala palabra, el vocablo genocidio) constituyen el repertorio de normas positivas que encasillan y tipifican de congénitamente viciada en el orden jurídico, a la opción de explotar petróleo en territorios de pueblos indómitos y en el parque nacional YASUNI, independientemente de que falle el apoyo internacional en los tiempos y las cantidades esperadas.
El gobierno ecuatoriano exige de la comunidad internacional una cantidad mínima anual que resulta exagerada a la luz de los registros históricos de la cooperación foránea, lo cual significa que tal condición deviene en imposible y haría sospechar, aún al más ingenuo, de que precisamente tal requerimiento habría sido puesto deliberadamente para que tal hecho incierto e indeterminado jamás ocurra. Este hecho resta credibilidad a la determinación prioritaria de dejar el crudo bajo tierra.
Otros indicios corroboran el escepticismo respecto de la sinceridad de la propuesta, tales como por ejemplo: las declaraciones del máximo ejecutivo de PETROAMAZONAS, quién señaló la necesidad de hallar un socio estratégico para explotar el bloque 31, situado en el corazón del parque nacional YASUNI y del territorio de los pueblos en aislamiento voluntario; la entrevista a una alta funcionaria pública que, aparentemente preocupada por el cumplimiento de las medidas cautelares, dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para proteger a los TAGAERI, TAROMENANE, ONAMENANE y OTROS; medidas que se concretan a cumplir el objetivo de impedir por parte del Estado el ingreso de extraños en los territorios de estos pueblos, dijo, palabras más palabras menos, que tales prevenciones no podían impedir las actividades petroleras; y la continuación del proceso de contratación para la explotación del bloque ITT (ISHPINGO-TAMBOCOCHA-TIPUTINI), proceso que por cierto está previsto que sea llevado adelante en el plan operativo de PETROPRODUCCCIÓN, recordando que no se ha revocado el compromiso de PETROECUADOR de entregar a dedo, en base de una alianza estratégica que no se aplica legalmente a la exploración y explotación petrolera, el bloque ITT, a un consorcio integrado por chinos (SINOPEC), chilenos (ENAP) y brasileros (PETROBRAS).
A todo ello se suma la peligrosa apuesta por la inversión china en el sector petrolero, considerando que empresas de este país explotan bloques situados en la parque nacional YASUNI, justo en donde se han dado avistamientos de TAGAERI y encuentros violentos con ellos.
Se querría vender a la comunidad internacional la farsa de que los territorios de estos pueblos hermanos se encuentran acotados en la denominada “zona intangible” y que la conservación del parque nacional YASUNI se encuentra asegurada con la no explotación del bloque ITT, que hace parte pero no cubre toda el área natural protegida. Este cuento, acompañado del plato fuerte de la promesa de dejar el crudo bajo tierra a cambio de la cooperación internacional, no se lo pueden tragar todos durante todo el tiempo. No debemos darnos de vivos ni insultar su inteligencia.
Para acceder a la solidaridad internacional, por lo tanto, tenemos que enviar la señal indubitable de que vamos a cumplir con nuestro deber de proteger a nuestros pueblos libres y al parque nacional YASUNI en su integridad, aún sin el apoyo foráneo o a pesar de la falta o la insuficiencia de su ayuda, indicando a los cooperantes que sin el concurso de ellos, este sacrificio económico comprometerá la construcción del “buen vivir” como modelo de convivencia sin violencia entre las personas y de las personas con la naturaleza.
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